Corrupción y Libertad: Aportes al Debate Público

La mitad de las familias bolivianas —984 mil hogares— pagó al menos una coima para obtener un servicio público, y el costo anual de esos pagos asciende a USD 115 millones, según la Encuesta Nacional de Costos de la Corrupción para el Hogar, levantada en los nueve departamentos sobre 42 servicios estatales. Pero la cifra agregada esconde lo esencial: las familias con ingreso mensual promedio de Bs 500 destinan el 16,9% de su ingreso anual a coimas, mientras las que superan Bs 5.000 destinan el 1,3%. La corrupción funciona como un impuesto altamente regresivo, trece veces más pesado sobre el pobre. El mapa por trámite señala dónde ocurre: evitar una multa de tránsito tiene un índice de corrupción de 66,5 y suma 344 mil coimas anuales; evitar que un policía retenga el auto, 62,1 y 211 mil; recuperar un auto robado, 46,1; un trámite ante el Ministerio Público o la PTJ, 31,5 y 218 mil; la aduana, 27,1; el carnet de identidad, 26,0 y un millón de trámites; un juzgado, 21,3 y 429 mil. Por departamento, Oruro encabeza con 21,9 y La Paz sigue con 14,3 —22 y 15 de cada 100 trámites con coima—, mientras Pando registra 7,1. El documento sostiene que la corrupción no es sólo un problema ético sino de oportunidades, y ordena tres causas medibles: un sistema judicial en el que nadie confía ni sanciona (Becker y Stigler, 1974), un gobierno grande y difícil de monitorear —el gasto pasó de Bs 2.354 millones en 1980 a Bs 2.786 millones en 2004 a precios de 1990, inalterado pese a la capitalización— y una regulación excesiva: 15 trámites y unos 50 días para abrir un negocio, contra 11,4 en América Latina y 6,5 trámites y 19,5 días en la OCDE.