Contra-reforma de Pensiones: un error con consecuencias de largo plazo

Un trabajador que gane Bs 1.300 al mes y aporte cuarenta años a una cuenta individual podría jubilarse con Bs 2.647, casi cuatro veces los Bs 728 que como máximo le ofrecería la renta solidaria tras el mismo período; incluso quien gane sólo el salario mínimo obtendría Bs 838 aportando 35 años y Bs 1.219 aportando 40. Ese contraste sostiene la tesis del documento: la contrarreforma no beneficia siquiera a los pobres que dice proteger. La aritmética demográfica explica por qué. Bajar la edad de jubilación de 65 a 60 años eleva la población retirada del 8,5% al 13% de la PEA en 2010, y a 55 años la lleva al 19,4%: cada jubilado adicional por trabajador activo agranda el legado de deuda que todo sistema de reparto acumula. A eso se suma el financiamiento elegido. La renta solidaria se pagaría con los recursos de las cuentas de riesgo común y riesgo profesional —al menos USD 20 millones iniciales—, es decir cobrando un impuesto implícito a quienes aportaron 3,42% de su salario durante diez años para prestaciones distintas. Y el subsidio anual estimado de USD 22 millones implicaría, sostenido veinte años, una deuda adicional cercana a USD 266 millones en valor presente. El traspaso de la administración al Estado agrega un riesgo de otro orden. A mayo de 2008 el 49% del portafolio del FCI estaba en bonos obligatorios del gobierno y 23% en otros bonos: si el Estado administra las cuentas, se vuelve acreedor de su propia deuda de la noche a la mañana y reduce más del 40% de su pasivo interno, además de quedar en posición de refinanciarla en términos favorables o de invertir el ahorro ajeno en proyectos de desarrollo productivo.