Concesiones y cooperación público-privada: Enseñanzas y oportunidades para Bolivia

Fundempresa transfirió más de USD 25 millones al gobierno central en veinte años operando el registro comercial boliviano bajo concesión, con ingresos operativos de entre USD 4 y 5 millones en 2021: el caso de éxito que el documento usa para argumentar a favor de las alianzas público-privadas. El texto explica primero las cuatro modalidades de concesión —BOT, donde el privado construye, opera y transfiere; DBOT, que añade el diseño; RBOT, que parte de rehabilitar infraestructura existente; y BOO, donde la propiedad queda en manos privadas— y luego aborda lo que más importa: cómo se adjudican. La propuesta es el criterio de Mínimo Valor Presente de Ingresos de Engel, Fischer y Galetovic, que introduce plazo variable en lugar de plazo fijo: las empresas ofertan los ingresos que esperan percibir, descontados a una tasa fijada por la administración, y gana la que pide menos. Sus siete ventajas son concretas: garantiza retorno al concesionario reduciendo la incertidumbre, sirve en entornos de demanda incierta como carreteras poco transitadas, elimina el incentivo a descuidar el mantenimiento al acercarse el vencimiento, no supone costos para el municipio, y evita renegociaciones. Los tres riesgos también están nombrados: renegociaciones oportunistas por low-balling, captura del regulador, y expropiación progresiva del Estado. El obstáculo boliviano es jurídico: son contados los municipios de la región metropolitana con normativa que permita licitar concesiones. La base disponible es la Ley 1874 de 1998, que ya contemplaba el MVPI pero lo restringía a uso excepcional. La aplicación que el documento propone: concesionar bajo modelo DBOT la emisión de licencias de funcionamiento y permisos de construcción.