¿Cómo profundizar el gobierno abierto en Bolivia?

Bolivia publica documentos, pero no libera datos. El documento distingue tres cosas que suelen confundirse —gobierno electrónico, gobierno abierto y datos abiertos— y sostiene que el país avanzó en la primera sin alcanzar las otras dos: hay portales, trámites en línea y memorias institucionales, pero la información llega en PDF, en series incompletas y sin formatos reutilizables. La diferencia es operativa: el PDF permite leer; el dato abierto permite comparar, procesar, cruzar y auditar. Los indicadores internacionales ubican a Bolivia por debajo de referentes regionales como Uruguay, Chile, Costa Rica, Colombia o Argentina en gobierno abierto, derecho a la información, participación cívica y mecanismos de queja, y en una posición intermedia-baja en apertura de datos oficiales; el rezago más agudo está en transparencia presupuestaria. El caso de AGETIC ilustra la tensión con precisión, porque es la entidad llamada a fijar el estándar: creada por el DS 2514 de 2015 y responsable, según el DS 3251, de los planes de gobierno electrónico y de software libre y estándares abiertos, publica memorias 2016-2024, dos planes estratégicos y POA 2016-2026, casi todo en PDF y con baja disponibilidad de datos reutilizables. El diagnóstico se apoya en literatura que advierte lo mismo: la transparencia sin capacidad de sanción puede producir resignación ciudadana en lugar de control (Bauhr y Grimes), y los datos abiertos sólo generan valor cuando son técnicamente reutilizables (Wirtz et al.). La agenda propuesta es deliberadamente básica antes que ambiciosa: política nacional de apertura por defecto con formatos CSV, XLSX, JSON o API, metadatos obligatorios, diccionario de variables, licencia abierta y descarga masiva; adopción plena de las recomendaciones del International Budget Partnership; contratación pública abierta en SICOES bajo el Open Contracting Data Standard; auditoría abierta con seguimiento de recomendaciones; y un marco efectivo de acceso a información con órgano garante y plazos. Bolivia no necesita más vitrinas digitales, sino datos que puedan usarse.