Bolivia: Doscientos años entre las urnas y los fusiles

En dos siglos de vida republicana Bolivia registró 31 derrocamientos frente a 33 transmisiones normales del mando. Ese casi empate entre la regla y la fuerza es la tesis del documento: la inestabilidad no fue una anomalía episódica, sino un rasgo estructural del sistema político. Cerca del 60% de los gobiernos pueden clasificarse como constitucionales y alrededor de 38,89% fueron de facto; y sólo cerca de 39% de los mandatos terminó por transmisión normal, mientras 33% concluyó por derrocamiento y 12% por renuncia. La legalidad formal, sostiene el texto, no se tradujo en estabilidad: hubo gobiernos constitucionales con bajo contenido democrático, gobiernos de facto que buscaron legitimarse con elecciones posteriores y revoluciones que ampliaron derechos concentrando poder. Los datos de V-Dem, seguidos de 1825 a 2025, confirman una trayectoria irregular más que un ascenso lineal: niveles bajos y volátiles durante el siglo XIX y buena parte del XX, una mejora sustancial tras el retorno a las urnas en 1982 y un deterioro progresivo desde mediados de los años 2000 en democracia liberal, deliberativa y electoral, con una caída aguda en 2019 que la recuperación posterior no repone. El documento identifica tres patrones recurrentes: la personalización del poder, la baja tolerancia a la alternancia y la resolución extrainstitucional del conflicto. Las recomendaciones apuntan a las reglas, no a los liderazgos: una ley electoral más abierta que reduzca las barreras de entrada a partidos y agrupaciones ciudadanas —hoy tan altas que incentivan el alquiler de siglas—, una depuración técnica y auditable del padrón electoral, sanciones automáticas para las autoridades que vulneren mandatos constitucionales o desconozcan límites de alternancia, y contrapesos reforzados en la justicia y el órgano electoral. Después de doscientos años, concluye, la tarea pendiente no es votar: es construir un orden donde el poder aprenda a obedecer a la ley.