Blockchain y burocracia: ¿Puede esta tecnología optimizar los servicios públicos?

La tecnología blockchain promete resolver un problema concreto de la burocracia boliviana: el registro de la propiedad. El documento examina esa promesa con cuidado, empezando por explicar qué es —un libro mayor distribuido, replicado en múltiples nodos, que contiene el historial completo de transacciones y por eso constituye por sí mismo evidencia de quién posee qué, sin necesidad de un intermediario centralizado. El marco conceptual viene de Demsetz: lo que se intercambia en el mercado son paquetes de derechos de propiedad, y la aparición de nuevos derechos responde a cambios en la tecnología y los precios relativos, no a un diseño consciente. Si el valor de lo intercambiado sube, sube la necesidad de especificar los derechos con más cuidado. Las aplicaciones ya en curso son variadas: el Lantmäteriet sueco, el gobierno de Georgia y empresas australianas prueban tecnología de contabilidad distribuida para títulos de tierra, compraventas e hipotecas; Estonia la usa para que los ciudadanos verifiquen la integridad de sus documentos en bases gubernamentales; Everledger rastrea la extracción y distribución de diamantes contra el fraude; y los contratos inteligentes permiten verificar condiciones automáticamente sin terceros. Pero el documento no cierra con entusiasmo. Señala dos obstáculos concretos. El energético: una sola operación con bitcoins gasta lo que la batería completa de un Tesla Model S, y la red entera consume tanta energía como Irlanda. Y el de gobernanza: «distribuido» no significa sin autoridad, y el Foro Económico Mundial advierte sobre la «dinámica de los poderes ocultos». La conclusión, siguiendo a Arruñada, es que blockchain no elimina los intermediarios: los reemplaza por quienes validan las transacciones en la cadena.