Autonomías Departamentales: Análisis desde la Perspectiva Económica

El referéndum de 2006 partió a Bolivia en dos bloques asimétricos: los cuatro departamentos que aprobaron la autonomía —Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija— concentran un tercio de la población, y los cinco que no lo hicieron concentran los dos tercios restantes junto con la mayor parte de la pobreza. En la región no autónoma el 65% de la población no cubre sus necesidades básicas y más del 30% vive en indigencia, contra 45% y 12% en la autónoma; el ingreso per cápita del hogar es de Bs 304 mensuales frente a Bs 410, y el Gini es 0,60 contra 0,54. El 65% de la población no autónoma es indígena, contra el 20% de la autónoma. La divergencia económica se acelera. En 1988 los departamentos no autónomos producían el 65% del PIB y los autónomos el 35%; en 2005 la relación era 55% y 45%, y de mantenerse las tasas ambos bloques igualarían su producto en seis años. En recaudación el vuelco es más brusco: la región no autónoma aportaba el 74% de la recaudación nacional en 1996 y sólo el 31% en 2006, mientras la autónoma pasaba de 26% a 69% —impulsada por el IDH, que en 2006 representó cerca del 46% de sus recaudaciones regionales. Y sin embargo la coparticipación sigue destinando el 60% a la región no autónoma. El documento aplica a ese cuadro el reparto clásico de funciones: distribución y estabilización deben quedar en el gobierno central —descentralizar transferencias induciría migración por incentivos falsos—, mientras la asignación de bienes públicos regionales corresponde a los gobiernos menores, por el teorema de Oates. Su advertencia central es el riesgo simétrico: que la autonomía derive en pequeños feudos con empresas públicas departamentales y licencias propias.