Analizando la Nueva CPE

La nueva Constitución reconoce en su artículo 308 que el Estado respeta y protege la iniciativa privada, y en el 312 establece que no se permitirá la acumulación privada de poder económico en grado tal que ponga en peligro la soberanía económica del Estado: el documento se detiene en esa palabra, grado, porque de su definición depende todo. Prohibir la acumulación sólo cuando alcanza cierto nivel implica admitirla por debajo, pero nadie ha fijado dónde está la línea ni quién la traza. Y aunque el Estado la permita, queda la pregunta de si la fomenta, porque la iniciativa privada existe en la medida en que genera una recompensa a su autor, y esa recompensa es precisamente acumulación de capital. Sin una definición precisa del umbral, toda decisión de inversión de mediano y largo plazo queda expuesta a la discrecionalidad de un funcionario. El artículo 56 plantea el mismo problema por partida doble: garantiza la propiedad privada siempre que cumpla una función social y siempre que su uso no sea perjudicial al interés colectivo. Sobre lo primero, el documento observa que una empresa que no cumpliera función social no existiría —nadie compraría lo que produce ni trabajaría en ella—, de modo que el beneficio del propio empresario ya supone esa función. Sobre lo segundo, la objeción es de fondo: el interés colectivo no es definible por una Constitución, y anteponerlo al derecho individual de propiedad deja sin criterio de justicia los conflictos que surjan. El reparo general es sobre el artículo 306, que fija el vivir bien como objetivo del modelo económico: la Carta Magna debe cumplir una función instrumental, no decidir cómo cada persona enfoca sus aspiraciones materiales. Cariaga resume el riesgo práctico: con el Estado como actor preponderante y restricciones a la inversión, se frena el capital externo que Bolivia necesita porque su ahorro no alcanza.