Análisis Socio-económico de la Renta Dignidad

La Renta Dignidad alcanzaría a unas 676 mil personas mayores de 60 años en 2008 y a un millón hacia 2020, con un costo de USD 204 millones que subiría a USD 302 millones. El documento reconoce que funciona: entre las familias con un miembro mayor de 60 años, la extrema pobreza bajaría del 52% al 34%. Pero muestra que se puede hacer mejor y más barato. Con Bs 250 mensuales para los que viven en extrema pobreza, Bs 150 para los de pobreza moderada y nada para los no pobres, la extrema pobreza caería al 27% —no al 34%— y costaría entre USD 150 y 160 millones en vez de entre USD 190 y 204: un ahorro cercano a USD 40 millones. El problema es de focalización, y está medido: el 29% de las familias beneficiarias no son pobres, y otro 12% tiene un miembro mayor sin renta pero hijos con ingreso suficiente. Dar Bs 200 a quien gana Bs 3.000 no reduce pobreza; ese mismo bono en un hogar con Bs 600 de ingreso sí. El financiamiento agrega dos riesgos. El del Ejecutivo apoya el 86% en el IDH —64% de prefecturas, 31% del TGN, 5% del Fondo Indígena— proyectando el precio del gas estático doce años, cuando ese precio se fija por fórmula sobre un petróleo históricamente volátil; y redistribuye entre departamentos según población mayor de 60 años, con Pando perdiendo USD 13,1 millones, Tarija USD 10,3 y Beni USD 9,1, mientras La Paz gana USD 27,5. El del Senado eleva la alícuota del ITF a 0,2%, impuesto que estorba la intermediación financiera. Y el proyecto habilita el pago en especie: los planificadores decidiendo qué necesita cada beneficiario, y contratando a quién se lo provee.