Análisis del Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP)

El temor central del Tratado de Comercio de los Pueblos —que la apertura inunde el mercado interno de alimentos extranjeros— ya tuvo su prueba y no ocurrió: Bolivia abrió unilateralmente sus mercados en 1985 y la producción agrícola nacional sigue cubriendo cerca del 85% de la demanda interna. Del 15% importado, aproximadamente el 82% viene de países con los que Bolivia ya tiene acuerdo: el MERCOSUR aporta más del 68% y la CAN cerca del 11%. Un tratado con Estados Unidos, Europa o China no cambiaría ese cuadro. Y si el argumento fuera cierto, esos productos ya habrían entrado por la vía chilena —Chile tiene acuerdos con Estados Unidos, Europa y Japón, y el control aduanero boliviano es escaso. El documento sí valida el riesgo real que el TCP no menciona: el desvío de comercio, que aparece cuando un acuerdo bilateral abarata artificialmente al socio frente a un tercero más eficiente, y cuya solución natural es la apertura unilateral. El resto de los diez pilares se contrasta uno por uno. Limitar la inversión extranjera se propone justo cuando Bolivia está en el peor momento para hacerlo: Standard & Poor's la califica B−, el segundo país más riesgoso de Sudamérica después de Ecuador, La Paz aparece como la peor ciudad de América Latina para hacer negocios y Santa Cruz en el puesto 34 de 40, y el país ocupa el 111 de 140 en facilidad para emprender. Sobre la complementariedad, los números la sostienen con Estados Unidos, no contra él: ese país compra cerca del 20% de las exportaciones bolivianas —textiles, joyería, madera, estaño— y provee el 18% de las importaciones, con más del 70% en maquinaria, química y transporte que Bolivia no produce. El 62,8% de esas exportaciones viaja bajo ATPDEA, ATPA o GSP, programas que vencen a fin de año.