Análisis del Plan Nacional de Extensión de Cobertura del Sistema de Salud

El 54% de los bolivianos no tenía en 2009 ningún seguro que le diera atención médica: cerca de 5,6 millones de personas. El sistema cubría al 46% restante entre Seguridad Social (28%), SUMI (10%) y Seguro del Adulto Mayor (4%). El Ministerio de Trabajo propuso extender la cobertura al 100% en seis años, con aportes del 10% del total ganado —a cargo del empleador para los asalariados y del propio trabajador para los independientes—, un costo de unos USD 500 millones anuales, de los cuales USD 431 millones vendrían de primas y USD 75 millones del Estado. El documento identifica dónde se rompe el diseño. De los trabajadores sin seguro, el 60% no es asalariado, y las cuatro actividades que concentran el 76% del universo son justamente las de mayor informalidad: agricultura (33% del total, con 88% de no asalariados), manufactura (16%), construcción (14%) y transporte (12%). Pedirle al productor agrícola familiar que aporte el 10% de un ingreso que muchas veces es autoconsumo, para acceder a una infraestructura hospitalaria que en el área rural es escasa o nula, difícilmente funcione. Y si las primas se sobreestiman, la diferencia la paga el Tesoro. La objeción de fondo es que el plan resuelve el financiamiento sin tocar la asignación. El Banco Mundial (2002) contabiliza 14 redes urbanas con más médicos de los requeridos frente a 44 redes rurales con déficit, y cada red rural necesita en promedio 27 enfermeras licenciadas y 74 auxiliares contra 7 y 27 en las urbanas. Redistribuir el personal existente ya ampliaría cobertura sin gasto nuevo. Tampoco se discute la calidad, que es lo que determina si alguien está dispuesto a aportar voluntariamente. La propuesta alternativa es el subsidio a la demanda, escalonado por ingreso.