Análisis de la Posible Implementación del Impuesto a la Riqueza ¿Es Conveniente para el País?

Bolivia tenía en 2003 un PIB per cápita en paridad de poder de compra de USD 2.443, contra un promedio regional de USD 6.455 y frente a los USD 11.436 de Argentina, USD 9.706 de Chile, USD 7.359 de Brasil, USD 4.968 de Perú y USD 4.424 de Paraguay. En un país en esa posición, el documento sostiene que la política tributaria debería subordinarse al crecimiento, y que el impuesto a la riqueza hace lo contrario: castiga con más carga a quien acumula, empuja el ahorro fuera del país y refuerza el argumento para que el Estado invierta en lugar del privado. La inversión privada ya venía cayendo: de USD 3.921 millones en 1998 —más del triple de la pública, que era USD 1.206 millones— a USD 1.635 millones en 2004, casi empatada con los USD 1.466 millones del sector público. La promesa redistributiva del impuesto tampoco se cumple en la evidencia. Tanzi (1996) midió los efectos de los esquemas progresivos en América Latina y encontró que la participación del 50% más pobre casi no se movía después de impuestos: de 13,5% a 13,9% en Colombia, de 19% a 20,6% en México y de 23,4% a 23,9% en Argentina. Fontaine (1997) explica por qué: quien tiene patrimonio contrata auditoras, arma sociedades y elude; termina pagando quien no puede costear ese blindaje. Y como mecanismo de recaudación hay una alternativa mejor y ya identificada: la evasión del IVA superaba el 40% en 2000 y rondaba el 30% en 2004, y sobre una recaudación mayor a Bs 3.000 millones eso equivale a unos Bs 900 millones anuales, sin distorsionar ninguna asignación. El padrón además ya está concentrado: los 1.722 Grandes Contribuyentes, el 0,78% del total, aportan el 79,56% de la recaudación. La redistribución se hace por el gasto focalizado, no por el impuesto.